Asociamos «estado de bienestar» a otros términos mucho menos
halagüeños: «sociedad de consumo», «primer mundo», «Europa rica»… Tras
la pertinente comprobación histórica, concluimos que en general esta
forma política y social tal como la conocemos hoy no es tanto la
conquista de las luchas del movimiento obrero como se afirma de
forma exagerada, sino que obedece en mucho mayor medida a las
necesidades e intereses de las instituciones estatales liberales y
capitalistas, intereses que se agudizan sobre todo a partir de la
Segunda Guerra Mundial.
Estas élites, en plena mundialización de la
economía y de la guerra fría contra el comunismo, optaron por generar en
determinadas zonas del planeta una cierta redistribución de la riqueza
allí acumulada, parte de la cual se repartió entre amplias capas
sociales en forma de servicios y subsidios, siempre administrados y
dosificados por los aparatos estatales. Este tipo de políticas contaban
ya con pequeños antecedentes desde principios del siglo XIX, pero fue en
este momento, coincidiendo con la acuñación del término «estado de
bienestar», cuando se apostó fuerteme por ellas.
Con estas políticas las clases dominantes a nivel mundial obtuvieron
durante toda la segunda mitad del siglo XX y casi hasta nuestros días,
la desactivación de las luchas obreristas revolucionarias en el primer
mundo, conjurando así la amenaza socialista. Dichas élites se rodearon
de un amplio y cómodo colchón amortiguador de «ciudadanos» conformistas
con el orden liberal establecido, beneficiarios de cierta capacidad
adquisitiva o de consumo, acostumbrados a depender cada vez en mayor
medida y para más cosas de la institución estatal y, en el mejor de los
casos, partidarios sólo de cambios políticos y sociales de carácter
superficial.
Este análisis se complementa con razones económicas, de tanta, y quizá
incluso de mayor relevancia que las anteriores, que tienen que ver con
la teoría del economista John Keynes: la redistribución de servicios y
subsidios entre la población de nuestros países occidentales también
pretendió en su día la implantación de fuertes mercados internos que
sirvieran de motor al desarrollismo económico capitalista.
En el caso español es revelador que, a pesar de la existencia de
numerosos hitos de legislación y política laboral y social que se venían
dando desde principios del siglo XIX, de la mano, justamente, del
desarrollo del aparato estatal liberal, la implantación de una parte
fundamental del estado de bienestar tal como ha llegado a nuestros días
(Seguridad Social entendida como asistencia sanitaria gratuita
universal, sistema estatal de pensiones y coberturas de desempleo
cercanas al salario bruto) se la debemos principalmente a la dictadura
franquista, y en concreto a leyes como la de Desempleo (1961) o la de
Bases de la Seguridad Social (1963), promulgadas en tiempos de escasa o
nula conflictividad obrera pero de fuerte impulso estatal al
desarrollismo industrial.
En esta implantación profundizaron
posteriormente diferentes gobiernos de la dictadura, y se completó hacia
1978.
Éste es el marco que se defiende hoy desde estos partidos, organizaciones y sindicatos citados.
Frente a la defensa de un modelo económico totalmente incluido en el
capitalismo y diseñado y promovido por las élites liberal-burguesas que
vienen acaparando el poder político, desde Tortuga apostamos por una
revolución integral superadora del capitalismo y del sistema no libre de
gobierno que le es inseparable acompañante. Desarrollaremos en este
escrito las características principales de nuestro concepto de
«revolución» así como del tipo de sociedad y relaciones humanas a las
que aspiramos. Pero antes nos detendremos en una crítica más
pormenorizada acerca del estado de bienestar y en un sucinto análisis
del momento de crisis que actualmente parece atravesar este modelo.
El estado de bienestar es contrarrevolucionario
En realidad, éste viene a ser un modo de soborno o de compra material
de lo que llaman la «paz social», esto es, la ausencia de conflictos.
De esta forma se logra que amplias capas de población de las sociedades
en las que el estado de bienestar se da acaben viviendo con actitudes
conformistas y con nulos deseos de cambio social. El miedo a perder lo
que se tiene impide, o vuelve muy complicado, analizar en profundidad
las causas y consecuencias del orden político y social y evita que se
tengan oídos receptivos hacia quien lo cuestiona. Aborta, en definitiva,
la posibilidad de que la sociedad tome conciencia de las
contradicciones en las que vive y se organice con voluntad y
determinación de obtener cambios sustanciales, es decir,
revolucionarios.
El estado de bienestar es injusto
Porque no es ni puede ser universalizable. Se da, como decimos
arriba, en virtud de una cierta redistribución de riqueza acumulada en
una porción minoritaria del planeta denominada «primer mundo». Una
importante porción de esta riqueza no se genera en nuestros países sino
que es expoliada del resto del mundo, o sea, de los países llamados (a
causa de ello) empobrecidos, y depositada aquí. Tal cosa se consigue
empleando multitud de fórmulas: colonialismo-imperialismo económico,
multinacionales, deuda externa, reglas comerciales impuestas por el
primer mundo, instituciones como el FMI, la OMC, etc. Llegado el caso,
la maquinaria militar primermundista se convierte también en herramienta
del robo de riqueza de esos países del tercer mundo, como podemos
comprobar en los casos de Iraq, Libia o la República Democrática del
Congo, por citar algunos de los más paradigmáticos en ese sentido.
Las grandes corporaciones expoliadoras emplean buena parte del
capital que obtienen con dichas operaciones de colonialismo económico en
realizar inversiones en los países del primer mundo donde están
radicadas, dinamizando su economía y generando empleo. La tributación
directa al estado de las grandes corporaciones, e indirecta a través de
la economía subsidiaria que generan, es la que permite a éste recaudar
el dinero «suplementario» con el que ofrecer a la ciudadanía los bienes y
servicios que definen el estado del bienestar y de los que por supuesto
no pueden gozar los habitantes de los estados expoliados, los cuales
además sufren grandes daños en su propia economía doméstica. Un ejemplo
menor pero muy clarificador podría ser la pesca del atún en las costas
del Cuerno de África. Como puede apreciarse, el estado de bienestar es
un producto resultante de las peores dinámicas del sistema económico
capitalista, y su existencia guarda relación directa con la pobreza
extrema de una parte mayoritaria de la humanidad.
El estado de bienestar es antidemocrático
De forma harto paradójica, la palabra «democracia» ha llegado a ser
la más comúnmente utilizada para definir sistemas políticos que en
realidad son de dominación. Nos cuesta hallar en la historia de los
estados un orden de gobierno que en los hechos se haya correspondido con
lo que intenta significar el vocablo. Es por ello por lo que tenemos
ciertas reservas a la hora de emplearlo.
A nuestro juicio solo cabe
hablar de «democracia» cuando cada persona puede participar libre y
directamente en la decisión de aquellas cuestiones que le afectan. En
consecuencia solo será «democrática» una sociedad que garantice tal
principio a pequeñas y grandes escalas y ninguna otra.
El estado de bienestar es la concreción más pura y acabada del
estado-nación liberal y burgués diseñado en el siglo XIX. Su existencia
es el formidable logro de una situación en la que una pequeña élite
acapara todo el poder de gobernar y dispone de la mayor parte de riqueza
y medios para producirla, mientras que la mayoría desposeída
completamente de poder y de la parte principal de la riqueza vive
conformándose con su situación, satisfecha con los servicios materiales
que recibe del estado y convencida de que pertenece a una sociedad libre
y democrática.
Aunque el sistema de elecciones cada cierto número de años trata de dar
carta de naturaleza a una pretendida «soberanía del pueblo», la realidad
es que la alianza entre una pequeña oligarquía de políticos
profesionales, la alta burocracia del estado, los poderes económicos y
los medios de comunicación mantiene bien controlado el acceso a los
centros de poder en todos los países donde se da el estado de bienestar.
Los votantes en todos estos estados, entre los que se encuentra el
nuestro, están irremisiblemente abocados a optar solo entre opciones
políticas continuistas. En cualquier caso, incluso aunque se diesen
fórmulas electorales más abiertas, el resultado práctico seguiría a años
luz de la democracia, ya que ésta, como decimos, supone la
participación decisoria de las personas en aquellas cuestiones que les
afectan.
Nada de eso sucede en las sociedades del estado de bienestar,
en las cuales las personas, denominadas «ciudadanos», no tienen ninguna
forma de decidir tales cosas y sólo reciben el dudoso derecho de votar
cada cierto número de años para elegir a los miembros de la élite
burocrática que han de regir irremisiblemente su vida y destino durante
la siguiente temporada.
En el supuesto, cada día más inverosímil, de que fallase alguno de estos
mecanismos de control, el aparato estatal-capitalista tiene otra carta
guardada en la manga: la policía, el ejército y la cárcel. Estos órganos
del aparato estatal son la definitiva negación de la democracia y el
anuncio de viva voz de que nadie puede evitar obedecer las decisiones de
las élites gobernantes ni muchísimo menos cuestionarlas en su esencia.
Es paradigmático el papel que juega la institución militar, que, como
decíamos antes, es un elemento de primer orden como garante armado del
expolio comercial del Norte sobre el Sur. Pero de puertas adentro, y en
compañía de su institución vicaria, la policía, desempeña una función
igualmente trascendente como última y determinante barrera defensiva de
los intereses de la minoría en el poder.
Desgraciadamente en el estado
español disponemos de abundante experiencia al respecto en los últimos
200 años. Desde los habituales pronunciamientos militares decimonónicos
hasta las facultades que la misma Constitución vigente concede al
ejército (pone los pelos de punta leer todo lo referido a estados de
excepción, de alarma, a situaciones bélicas y más cosas) pasando por una
ominosa y no tan lejana dictadura militar de casi 40 años.
El estado de bienestar es antiecológico
Estado de bienestar y sociedad de consumo vienen a ser sinónimos. El
alto desarrollo industrial y tecnológico, así como los mecanismos
capitalistas de expolio y concentración de la riqueza, han puesto en
manos de amplias capas poblacionales de los países ricos una capacidad
inédita de adquirir y consumir alimentos, productos manufacturados y
servicios (por citar un ejemplo, los viajes en avión).
Palabras como
«crecimiento», «desarrollo» y su eufemismo progre «desarrollo
sostenible» o «de calidad» han sido y son mágicas consignas que han
despertado maravillas en los oídos aburguesados de tanta gente. No
pensamos que sea necesario extendernos para alertar de los efectos de
tanto «desarrollo» y tanta capacidad de consumir y sus consecuencias a
niveles medioambientales y de salud pública. Pocos dudan de la
imposibilidad material de exportar a más lugares del planeta el modelo
despilfarrador e irresponsable en lo material que caracteriza a todos
los estados de bienestar (lo cual lo hace doblemente injusto), puesto
que el colapso medioambiental sería casi inmediato.
Pero es que ni
siquiera es preciso llegar a formular dicha hipótesis. Incluso
circunscribiéndonos a los lugares del mundo en los que se da ahora, la
consecuencia del consumismo practicado en el estado de bienestar estaría
ya causando daños irreversibles al planeta (destrucción de la
atmósfera, de la biodiversidad…). Daños que, de no corregirse a corto
plazo, amenazan con ser devastadores.
El estado de bienestar es antihumano
Otro sinónimo de estado de bienestar podría ser «sociedad del
espectáculo». Nosotros iríamos más allá y emplearíamos el término
«sociedad del adoctrinamiento» La apuesta decididamente material y
furibundamente antiespiritual y antimoral de este modelo de sociedad,
unida a los mecanismos adoctrinadores que posee la institución que está
en su centro –el Estado– también están generando un tipo de persona en
permanente regresión.
Sistema educativo, cultura de masas, medios de información y
comunicación… todo ello navega en una misma dirección –desde el poder
hacia los individuos de la sociedad– generando una forma de concebir la
realidad que ha sido definida como «pensamiento único».
La apuesta del citado pensamiento único por el materialismo y el
utilitarismo en todas sus expresiones, así como por una manera
relativista y no ética de vivir en sociedad están logrando poco a poco
la desaparición de formas relacionales populares tradicionales, de
realidades de apoyo mutuo a diferentes niveles y de imbricación de unas
personas con otras.
Los valores cooperativos y solidarios que existieron
tradicionalmente en numerosas colectividades van siendo sustituidos por
actitudes egoístas e individualistas de darwinismo social, las
espiritualidades se permutan por comportamientos hedonista-vacacionales,
y la moral de las sociedades y la ética de las personas van siendo
usurpadas en todos los casos por «lo que digan las leyes» y los
tribunales del estado.
A esto último le han puesto el nombre de «estado
de derecho».
Cualquier revolución, cualquier sociedad que valga la pena requerirá
personas capaces de vivirla, seres humanos que realmente deseen la
justicia, amen la libertad y estén dispuestos a luchar y sacrificarse
para su consecución. El estado de bienestar, podemos afirmarlo, no
contribuye a que exista ese tipo de personas. Más bien a todo lo
contrario.
¿Por qué ahora el estado de bienestar está en crisis?
En nuestra opinión, por varias causas.
En primer lugar, las élites que controlan el poder político y
económico en el primer mundo, a partir de la caída del Muro de Berlín y
del derrumbe del bloque leninista, han ido paulatinamente perdiendo
interés por un modelo que ya no les es tan imprescindible como antes.
Una vez conjurada la «amenaza comunista» y lograda la garantía de que la
población del primer mundo ha perdido cualquier tipo de deseo
revolucionario, no necesitan invertir-repartir tanta riqueza en sobornar
a la sociedad primermundista para apagar la llama insurreccional. Una
vez los mecanismos adoctrinadores han dado su fruto y la inmensa mayoría
de la población no cuestiona la ficción democrática del
parlamentarismo, es posible aumentar la cuenta de beneficios –deseo
permanente del gran capital por su propia naturaleza– a costa de algunas
prestaciones estatales.
Ese es el camino que se ha recorrido desde los
años 90 hasta aquí, si bien en los últimos años se ha acelerado por
causa de la crisis económica.
Una crisis que constituye un factor añadido. La burguesía –entonces
clase social– desde el siglo XIX organizada en torno a la institución
del estado-nación liberal, es quien ha estado hasta hoy al mando de
política y economía, tratando de mantenerse erguida a lomos de una
bestia más bien poco controlable: el sistema económico capitalista.
Dicho sistema, como es sabido, tiene sus ciclos largos y cortos, sus
crisis financieras y sistémicas, sus recesiones e incluso una serie de
contradicciones en las que podría estar escrito su derrumbe final. Hasta
ahora la burguesía, luego convertida en oligarquía dominante, ha sabido
cabalgar la bestia adaptándose a todos sus movimientos.
Según han ido
sucediendo unas y otras crisis, estas personas, desde la institución
estatal, auténtica torre de control también de la economía, han ido
tomando las decisiones convenientes para mutar y adaptarse a la nueva
situación. Así, el sistema económico, según momentos y zonas, ha sido
librecambista, proteccionista, keynesiano o ultraliberal (entre otras
formas).
El modelo económico ligado al estado de bienestar, el
keynesianismo, ha venido siendo útil en momentos de fuerte
desarrollismo. Los gurús de la economía han decidido que no es el más
conveniente para capear momentos de crisis, y en consecuencia los
gobiernos de los estados proceden hoy a recoger algunas de esas velas.
La crisis, que es productiva tanto como financiera, ha descuadrado el
balance contable de los estados occidentales, los cuales se ven
obligados a adoptar medidas de ahorro en su propia administración, así
como ajustes diversos en las economías «nacionales» por una cuestión de
«competitividad» ante otras economías emergentes.
A ambos tipos de
medidas responden los llamados «recortes sociales» que tanto rechazo
generan en la población. Como la otra de las causas del «estado de
bienestar» es la generación de mercados internos de consumidores, cabe
interpretar que las autoridades de los estados occidentales tratarán de
practicar los mínimos recortes que juzguen suficientes y cuya cuantía va
a depender de la dimensión y duración de la crisis.
Al menos en teoría.
Como la citada crisis económica no solo afecta a los estados, sino
también a las empresas privadas estamos asistiendo en numerosos países
occidentales –en el estado español, por ahora, en pequeña medida– al
«rescate» o adquisición por parte de los estados de empresas en crisis,
bancos principalmente.
Este trasvase de propiedad y de recursos
económicos entre grandes empresas y estados (se privatiza, se
nacionaliza, se vuelve a privatizar, se emite deuda, se «rescata» al
banco que compró la deuda… moviendo fondos existentes e inexistentes de
aquí para allá, pero siempre en manos de las minorías dominantes) es una
patente demostración de que la institución estatal y el sistema
económico capitalista son la misma realidad. Ni siquiera esos «mercados»
a los que se invoca como una oscura mano que actúa contra los intereses
de los estados, ergo contra los intereses de los ciudadanos, son otra
cosa que una suma de entidades financieras y terceros estados
«compradores» de deuda, es decir, prestamistas.
Resulta curioso que los agentes de «la izquierda», que claman contra
lo que juzgan «desmantelamiento del estado de bienestar», apenas
incluyan en sus peticiones conservadoras análisis económicos que avalen
la viablidad de sus propuestas dentro del propio sistema
liberal-capitalista, que es donde al parecer desean permanecer.
¿Cuál es la propuesta entonces?
Por si alguien venía entendiendo algo en esa línea,
no estamos
proponiendo pasar del bienestar al «malestar». No se trata de derribar
todo lo existente para volver a crear partiendo de cero. Por mucho que
comprendamos al estado como una institución en manos de las élites y no
del pueblo, no tendría sentido alguno renunciar «de golpe y porrazo» a
todo lo que dicha institución hoy administra. Por ejemplo, mientras
tomamos y no conciencia como sociedad y nos vamos autoorganizando en lo
político y en lo económico, necesitamos un sistema de sanidad, entre
otras cosas. Pero ello no quiere decir que no debamos a aspirar a dar
los pasos necesarios para que el actual sistema sanitario esté, en un
futuro, organizado y administrado democráticamente por las personas que
son sus trabajadoras y usuarias, y no por dirigentes políticos y
empresariales, como sucede hoy.
«La solución es la revolución» es un viejo eslogan recurrente en
tiempos de crisis. Y es bien cierto. Pero una revolución que se ha de
hacer paso a paso y con los pies en el suelo.
En primer lugar hay que despertar y tomar conciencia del engaño en
que vivimos para no seguir defendiendo y apostando por aquello que nos
destruye como sociedad y como personas, y que además es catastrófico
para el medio ambiente…
A continuación tendremos que comprometernos y empezar a generar alternativas auténticas a aquello que criticamos.
Frente a la dimensión contrarrevolucionaria del estado de bienestar
habremos de crear grupos organizados y coordinados, movimientos sociales
y espacios en los que reflexionar juntos en un primer momento para
después salir al encuentro de la sociedad y de las instituciones,
denunciando y enfrentándonos a los aspectos más inmorales y las
consecuencias más nocivas del sistema, sin caer en el llamado reformismo
burgués y, por ello, apuntando en cada acto a la superación de dicho
sistema en toda su extensión.
Ante su dimensión de injusticia social y de grave atentado contra el
medio ambiente, habremos de aprender a renunciar a aquellos elementos
materiales de nuestra forma de vida que son superfluos,
prescindibles, antiecológicos y comparativamente injustos, aprendiendo a
vivir con menos y a ser más felices así. Desde ahí nos apoyaremos
mutuamente e interpelaremos a la sociedad invitándola a seguir nuestro
ejemplo. Ante perversos sofismas como el «desarrollo sostenible»,
reivindicaremos el decrecimiento y la autogestión, abriendo caminos para
experimentar fórmulas concretas de alternativa y superación del sistema
económico capitalista.
Con respecto al déficit total de democracia, nos esforzaremos primero
en denunciar tal situación con el fin de que sea conocida por el mayor
número de personas. Evidentemente, dejaremos de participar y colaborar
con cualquiera de los mecanismos que perpetúan la opresión (instrumentos
coercitivos del estado) o sustentan la ficción democrática
(elecciones). En su lugar desarrollaremos espacios asamblearios de
participación horizontal y directa donde aprender primero a funcionar
colectivamente con fórmulas realmente participativas, corresponsables y
democráticas, para después extender estos espacios reclamando,
disputando y arrebatando al sistema la potestad de decidir sobre las
cosas que nos afectan. Asimismo, nos esforzaremos en crear alternativas
tangibles y crecientes a todos los sistemas de adoctrinamiento vigentes:
educativas, culturales y mediáticas.
Por último nos enfrentaremos a la destrucción que se está llevando a
cabo actualmente de muchas de las características que a los seres
humanos nos hacen ser tales, esforzándonos en recrear relaciones
interpersonales y grupales verdaderas, de apoyo mutuo en lo económico,
lo político y lo personal, tejiendo redes y alianzas de intereses e
identidades comunes, generando sistemas amplios de participación en la
gestión de la sociedad... Trabajaremos y tendremos en cuenta en nuestros
grupos y movimientos sociales nuestras dimensiones humanas y
psicoafectivas, las relaciones entre sexos, las necesidades de tipo
cultural, espiritual, artístico… Reivindicaremos y tendremos muy
presente la necesidad de una ética individual afirmada en valores
positivos y de una moralidad social que ayude a mantener y desarrollar
aquellos elementos comunes que se juzgan beneficiosos y necesarios, que
además garantice la libertad de cada individuo en lo que se refiere a
conciencia y opciones.
Grupo Antimilitarista Tortuga
